Alertan por falsas notificaciones de embargo enviadas por supuestos despachos jurídicos

Diversos ciudadanos en distintas entidades del país han denunciado en las últimas semanas la recepción de documentos titulados como "Notificación previa de embargo". Estos escritos, que suelen llegar vía correo electrónico o mensajería privada, advierten sobre el supuesto inicio de un proceso judicial en contra de los receptores, fijando fechas y horas específicas para la ejecución de una diligencia de embargo en sus domicilios particulares.

Especialistas en derecho mercantil y autoridades de protección al consumidor señalan que este tipo de prácticas constituyen una forma de extorsión o cobranza extrajudicial ilegal. La lógica detrás de estos avisos carece de fundamento jurídico, ya que cualquier orden de embargo debe ser emitida exclusivamente por un juez competente tras un proceso legal previo, y nunca es anunciada por un despacho particular con días de anticipación.

La principal característica de estos documentos es el uso de un lenguaje intimidatorio, logotipos apócrifos y la amenaza de utilizar la fuerza pública para ingresar a las viviendas. Los abogados consultados subrayan que, si una orden judicial fuera real, el actuario notificaría el mandamiento en el momento, sin necesidad de emitir advertencias previas que permitan al deudor ocultar bienes o evadir la acción de la justicia.

Ante el incremento de estos reportes, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) recomienda a la ciudadanía no realizar ningún pago ni proporcionar información personal a los emisores de estos avisos. Se sugiere verificar el estado de cualquier supuesta demanda directamente en el juzgado correspondiente o mediante la asesoría de un abogado certificado antes de tomar cualquier medida.

El marco legal mexicano protege a las personas contra las prácticas abusivas de cobranza, estableciendo sanciones para aquellos despachos que utilicen el engaño o la amenaza. En caso de ser víctima de estas notificaciones, se recomienda presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República o las fiscalías estatales, dependiendo de la naturaleza del supuesto fraude.