Denuncian a jueza federal por amparar a Samuel García ante juicio político

Una jueza federal con sede en Nuevo León ha sido objeto de una denuncia formal ante el Consejo de la Judicatura Federal tras emitir una suspensión definitiva que protege al gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda, frente al proceso de juicio político que se intentaba instaurar en su contra desde el Congreso local. La parte denunciante sostiene que la actuación de la juzgadora extralimita sus facultades al intervenir en procedimientos de carácter estrictamente político, los cuales, según los legisladores promoventes, son competencia exclusiva de la soberanía estatal.

El amparo concedido por la autoridad judicial ordena a los integrantes del Congreso de Nuevo León abstenerse de continuar con cualquier procedimiento administrativo o sancionatorio que pudiera derivar en la destitución o inhabilitación del mandatario estatal. Esta decisión ha generado un intenso debate sobre los límites del Poder Judicial frente a las facultades constitucionales de los congresos locales para fiscalizar y sancionar el desempeño de los titulares del Ejecutivo en las entidades federativas.

Desde el equipo jurídico del Congreso del Estado, se informó que presentarán los recursos legales pertinentes para impugnar esta resolución, argumentando que el Poder Judicial no debe frenar el ejercicio de las atribuciones parlamentarias. Por su parte, la defensa de la jueza señaló que su resolución se fundamenta en la protección de las garantías procesales y el derecho a un debido proceso, evitando que el juicio político se convierta en una herramienta de persecución política sin los elementos necesarios.

El caso ha escalado a nivel nacional, reactivando la discusión sobre el equilibrio de poderes en México. Especialistas en derecho constitucional han señalado que este conflicto pone a prueba la autonomía de las instituciones locales frente a la protección que brindan los tribunales federales, en un contexto donde las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo en Nuevo León han marcado la agenda pública de los últimos meses.

Se espera que el tribunal colegiado correspondiente analice el fondo del asunto en las próximas semanas para determinar si la suspensión otorgada por la jueza se mantiene vigente o si, por el contrario, se permite que el Congreso estatal retome sus facultades de juicio político. Mientras tanto, el mandatario estatal continúa en sus funciones mientras el litigio constitucional sigue su curso en las instancias federales.