Especialistas analizan la viabilidad de gravar las herencias en México

El debate sobre la implementación de un impuesto a las herencias en México ha resurgido en el ámbito jurídico y económico, generando diversas posturas entre especialistas. Actualmente, la discusión se centra en si el sistema fiscal mexicano debería incorporar gravámenes a las sucesiones, un tema que ha llegado a ser analizado por instancias judiciales ante la complejidad de diferenciar entre la acumulación de riqueza y la transferencia de patrimonio familiar.

Especialistas en materia fiscal advierten que cualquier propuesta en este sentido resulta inviable si no se establecen exenciones claras y umbrales específicos que protejan a la clase media. Según los analistas, la principal preocupación radica en evitar la doble tributación, dado que los bienes heredados, como inmuebles o inversiones, ya habrían pagado impuestos sobre la renta o prediales en el momento de su adquisición original por parte del causante.

En cuanto a los fondos de retiro, los expertos enfatizan que las Afores deben permanecer exentas de cualquier carga fiscal adicional al momento de la transmisión por fallecimiento. Estos recursos, destinados a la seguridad social y al ahorro para el retiro, cuentan con una protección jurídica distinta que, de verse gravada, afectaría directamente la estabilidad financiera de las familias mexicanas que dependen de estos ahorros tras la pérdida de un ser querido.

Desde el ámbito legislativo, la posibilidad de reformar el marco tributario para gravar sucesiones sigue siendo solo una propuesta teórica sin iniciativa formal en la Cámara de Diputados. Los asesores económicos sugieren que, antes de considerar nuevas cargas, es necesario revisar la eficiencia recaudatoria del SAT y la equidad del sistema actual, evitando medidas que puedan desincentivar la inversión o generar incertidumbre patrimonial.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha mantenido un criterio cauteloso al abordar los límites de la potestad tributaria del Estado frente a la propiedad privada. Por ello, cualquier avance en esta materia requeriría no solo un consenso político robusto, sino también una estructura técnica que garantice la progresividad fiscal sin vulnerar los derechos fundamentales de los herederos ni afectar los esquemas de ahorro para el retiro.