Fiscalía amplía investigación contra empresas petroleras por exploración cerca de Malvinas

El fiscal federal Carlos Stornelli amplió este domingo la acusación contra diversas empresas petroleras que realizan actividades de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental cercana a las Islas Malvinas. La medida busca profundizar la investigación sobre la explotación de recursos naturales en una zona que se encuentra bajo disputa de soberanía, integrando formalmente a tres sociedades vinculadas con la firma Rockhopper Exploration, así como a la compañía Navitas Petroleum al expediente judicial en curso.

Como parte de los movimientos procesales, la fiscalía ha solicitado formalmente información técnica y societaria a las autoridades del Reino Unido e Israel. El objetivo es esclarecer la estructura de capital, las autorizaciones operativas y la composición accionaria de las entidades involucradas en las tareas de prospección. Esta diligencia busca determinar si las actividades extractivas cumplen con las normativas internacionales y locales sobre el uso de recursos en el lecho marino disputado.

La investigación se centra en la presunta violación de la legislación argentina que regula la exploración de recursos naturales en la plataforma continental y la zona económica exclusiva. Las autoridades judiciales buscan establecer responsabilidades legales frente a lo que consideran una explotación no autorizada de recursos que pertenecen al Estado argentino, un tema que mantiene una alta sensibilidad en la agenda diplomática y jurídica del país.

De manera paralela, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido notificada para evaluar los pasos a seguir en el ámbito diplomático, reafirmando la postura histórica del país sobre la soberanía en la región. Mientras tanto, el Poder Judicial continúa recopilando pruebas documentales para determinar si las empresas involucradas han incurrido en delitos contra la administración pública o violaciones a la soberanía de los recursos naturales del Estado.

El avance de esta causa judicial se suma a las tensiones persistentes en el Atlántico Sur, donde la actividad de empresas extranjeras ha sido objeto de constantes reclamos por parte de las autoridades nacionales. Se espera que en los próximos meses la fiscalía reciba la documentación solicitada a las potencias extranjeras para avanzar hacia la definición de las posibles imputaciones contra los directivos de las firmas señaladas.