miércoles, 5 de agosto de 2026
Política

Gobierno de Andalucía otorga control de unidades de atención a víctimas a Vox

El gobierno estatal andaluz transfiere la gestión de las unidades de valoración de violencia de género a la bancada de Vox tras acuerdos políticos.

Redacción Quintana Roo Al Día
Foto: moncloa.com

El gobierno del estado de Andalucía, encabezado por el gobernador Juanma Moreno, ha formalizado esta semana la transferencia de la gestión administrativa y operativa de las unidades de valoración de víctimas de violencia de género hacia el partido Vox. Esta decisión, que se enmarca en los acuerdos de coalición legislativa, otorga a la formación política la supervisión directa sobre los protocolos de atención y evaluación de las mujeres que denuncian situaciones de violencia en la entidad federativa.

La medida ha generado una intensa discusión en el Congreso local, donde diversos grupos parlamentarios han cuestionado el impacto de esta gestión en los mecanismos de protección a las mujeres. Los responsables de la administración estatal han defendido la decisión como parte de una reestructuración administrativa, argumentando que el objetivo es optimizar los recursos destinados a la atención de víctimas mediante una nueva supervisión institucional.

Por su parte, el equipo de trabajo encargado de implementar estos cambios ha señalado que las unidades seguirán operando bajo el marco legal vigente en la entidad. No obstante, integrantes de la oposición han expresado su preocupación sobre posibles modificaciones en los criterios de valoración pericial, los cuales son fundamentales para determinar el grado de riesgo de las personas afectadas durante los procesos legales.

Esta concesión estratégica se suma a una serie de reformas acordadas entre el gobierno local y Vox en meses recientes para asegurar la gobernabilidad y el respaldo presupuestario. Mientras tanto, colectivos sociales y organizaciones civiles han anunciado que monitorearán de cerca el funcionamiento de estas unidades para asegurar que no se vean vulnerados los derechos de las víctimas durante las evaluaciones iniciales.

El cambio administrativo entra en vigor de manera inmediata, afectando la operatividad de los centros de atención en las diversas provincias del estado. La administración estatal se ha comprometido a mantener el flujo de recursos, aunque la supervisión técnica ahora recaerá en perfiles designados directamente por la bancada que ha asumido este nuevo control sectorial.

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