miércoles, 21 de octubre de 2026
Política

Oficialismo ajusta propuesta presupuestal para programas de discapacidad rumbo al 2027

Ante tensiones con el Ejecutivo, la bancada mayoritaria rediseña su estrategia presupuestal para los programas de atención a personas con discapacidad antes del plenario legislativo.

Redacción Quintana Roo Al Día
Foto: lagaceta.com.ar

La bancada oficialista en la Cámara de Diputados se encuentra en un proceso de redefinición de su propuesta presupuestal para los programas destinados a personas con discapacidad, tras un periodo de tensiones con la administración federal. El objetivo es presentar un proyecto sólido este miércoles durante el plenario de comisiones, buscando armonizar las demandas de los grupos vulnerables con las restricciones fiscales planteadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La negociación se desarrolla en un ambiente de hermetismo, donde los legisladores del bloque mayoritario mantienen diálogos constantes con representantes de la Presidencia de la República y los coordinadores de los partidos aliados. Según fuentes cercanas al proceso, la intención del oficialismo es asegurar que los recursos destinados a la atención de la discapacidad no sufran recortes significativos, priorizando la operatividad de los esquemas actuales de asistencia social.

El desafío principal radica en equilibrar las expectativas de gasto social con la disciplina presupuestaria que exige el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2027. Los legisladores han señalado que buscan construir un consenso que permita la aprobación del proyecto sin mayores obstáculos, garantizando la continuidad de los apoyos directos que actualmente benefician a diversos sectores de la población en todo el territorio nacional.

Se espera que durante el plenario de comisiones de la próxima semana, el texto definitivo refleje los ajustes acordados en las mesas de trabajo parlamentario. La oposición, por su parte, ha manifestado que seguirá de cerca el desarrollo de estas negociaciones, insistiendo en la necesidad de garantizar transparencia y suficiencia presupuestaria para los programas de salud y bienestar social.

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