Oposición cuestiona intenciones de Rocha Moya tras buscar protección jurídica

Dirigentes nacionales del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano cuestionaron este sábado la legitimidad del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al señalar que sus recientes movimientos legales buscan exclusivamente recuperar el fuero constitucional. Los líderes opositores sostuvieron que las acciones emprendidas por el mandatario estatal responden a una estrategia de protección personal ante el escrutinio público, más que a una agenda de gestión administrativa o de seguridad para la entidad.

Durante sus pronunciamientos, los representantes de los tres partidos coincidieron en que el uso de los recursos institucionales para blindarse jurídicamente debilita la confianza ciudadana en el ejercicio del poder. Argumentaron que la figura del fuero no debería utilizarse como un mecanismo de evasión ante posibles responsabilidades, calificando la postura del gobernador como un intento por evadir la rendición de cuentas que exige la actual coyuntura política y social en Sinaloa.

Desde la óptica de la oposición, la situación actual de la entidad requiere una administración enfocada en la resolución de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad pública, temas que, según expresaron, han quedado en segundo plano frente a la prioridad del gobernador por asegurar su inmunidad procesal. Los dirigentes nacionales enfatizaron que el ejercicio del servicio público conlleva una responsabilidad ética que debe estar por encima de los intereses particulares de cualquier funcionario.

Por su parte, el equipo cercano al gobernador de Sinaloa ha desestimado las acusaciones, argumentando que se trata de señalamientos con fines electorales y de golpeteo político ante la cercanía de nuevos ciclos de fiscalización. Según la comunicación oficial del Ejecutivo estatal, todas las actuaciones legales del mandatario se encuentran dentro de los márgenes previstos por la ley mexicana y forman parte de sus derechos ciudadanos para garantizar el debido proceso.

La controversia ha generado un intenso debate en el Congreso de la Unión, donde legisladores de diversas fuerzas políticas han solicitado que se realicen las investigaciones pertinentes para determinar si existe un uso indebido de los cargos públicos. Mientras tanto, la tensión política en el estado de Sinaloa se mantiene elevada, con diversos sectores de la sociedad civil exigiendo mayor transparencia y claridad sobre los procedimientos que involucran al gobernador y las garantías que este busca obtener ante las autoridades judiciales.