Regidoras de San Pedro impugnan ante el tribunal electoral medidas del cabildo

Las regidoras del municipio de San Pedro, Rosa María Hernández Lara y Aracely Rosales Medrano, presentaron formalmente un juicio para la protección de sus derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral. Las ediles argumentan que el Cabildo local incurrió en una extralimitación de sus funciones durante el proceso de su reincorporación a sus cargos públicos, afectando el ejercicio de su gestión.

De acuerdo con la argumentación presentada, las regidoras señalan que el órgano colegiado retrasó su retorno a las actividades municipales por un periodo de 19 días. Asimismo, cuestionaron que el Cabildo sometiera a votación el retorno de las funcionarias, al considerar que dicha facultad corresponde exclusivamente al Congreso del Estado de Nuevo León, lo que constituye, a su juicio, una invasión de competencias constitucionales.

Además de la impugnación por la dilación en su reincorporación, el recurso legal busca la restitución de las dietas que les fueron retenidas durante el periodo en que se les impidió el ejercicio del cargo. Las regidoras solicitan al tribunal que se analice la validez de los acuerdos tomados por el Cabildo durante la ausencia de las representantes de oposición, argumentando que estos carecen de sustento legal ante la irregularidad del proceso de exclusión.

Este litigio administrativo pone en relieve las tensiones políticas dentro del Cabildo de San Pedro. Las demandantes confían en que la instancia electoral determine que la actuación del cuerpo edilicio vulneró la normativa vigente, permitiendo así que se restablezcan las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de sus responsabilidades ciudadanas y legales dentro del gobierno municipal.

El Tribunal Electoral deberá analizar los argumentos presentados por las regidoras para determinar si existió una violación a sus derechos fundamentales y si las decisiones del Cabildo deben ser anuladas. Hasta el momento, el proceso se mantiene en fase de instrucción, a la espera de que las autoridades judiciales emitan una resolución sobre los hechos señalados por las ediles.