Sheinbaum: EU no entregó pruebas adicionales contra Rocha Moya
La presidenta de México informó que Estados Unidos se limitó a enviar la solicitud formal de extradición sin presentar evidencias adicionales contra el gobernador de Sinaloa.
La presidenta de México declaró este miércoles que el gobierno de Estados Unidos no está obligado a entregar elementos probatorios adicionales para sustentar los señalamientos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Durante su conferencia matutina, la mandataria aclaró que la comunicación oficial recibida por las autoridades mexicanas se limita exclusivamente a la solicitud de detención provisional con fines de extradición.
Desde Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal subrayó que la relación diplomática con Washington se rige por los tratados de cooperación judicial vigentes. Explicó que, hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha recibido documentos que amplíen las acusaciones originales contra el mandatario estatal ni contra otros funcionarios sinaloenses vinculados a las investigaciones en curso.
El caso ha mantenido la atención pública desde hace meses, derivado de las indagatorias que involucran a diez personas en presuntos delitos transnacionales. La presidenta reiteró que el gobierno mexicano mantendrá el respeto a los procesos legales y a la soberanía nacional, asegurando que cualquier avance en este tema se dará a conocer conforme a los tiempos que marca la normativa jurídica mexicana.
Por su parte, el equipo de comunicación de la Presidencia enfatizó que no existen riesgos de inestabilidad derivados de esta situación legal. Se ha señalado que las instituciones mexicanas continúan operando con normalidad, mientras se da seguimiento a la solicitud formal recibida por la cancillería, la cual sigue su cauce institucional en las instancias correspondientes del Poder Judicial.
Finalmente, la mandataria hizo un llamado a la prudencia y a evitar especulaciones sobre el desenlace del proceso. La postura oficial sostiene que cualquier decisión sobre el futuro de los implicados deberá estar estrictamente apegada a la ley y a los acuerdos internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de procuración de justicia.
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