Sheinbaum ordena investigar daños al patrimonio de Canal Once

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este lunes que el Gobierno Federal ha iniciado las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades por los daños causados al patrimonio de Canal Once. El anuncio se da tras los hechos ocurridos recientemente en las instalaciones del medio público, donde diversas áreas resultaron afectadas durante una toma de las oficinas por parte de manifestantes.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria señaló que la Fiscalía General de la República y las autoridades competentes mantienen abiertas las carpetas de investigación para determinar el alcance de los perjuicios. La titular del Ejecutivo enfatizó que, si bien el derecho a la libre manifestación está garantizado, el respeto a las instituciones y al patrimonio público es una obligación que debe prevalecer en el marco de la legalidad.

Personal del área jurídica de la televisora, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, ha colaborado con las autoridades ministeriales para realizar el inventario de los equipos y la infraestructura dañada. Según reportes preliminares, las afectaciones incluyen daños en mobiliario, equipo técnico de transmisión y diversas áreas operativas que son fundamentales para la continuidad de la programación y la labor informativa del canal.

El equipo de comunicación del Gobierno de México informó que se buscará garantizar la seguridad del personal y la integridad de las instalaciones ante futuros incidentes. Asimismo, se ha planteado la posibilidad de fortalecer los protocolos de resguardo en inmuebles que albergan medios públicos, buscando un equilibrio entre la apertura institucional y la protección de los recursos propiedad de la nación.

Las investigaciones seguirán su curso en los próximos días, mientras las autoridades revisan las grabaciones de seguridad y recaban testimonios para integrar los expedientes legales. Por su parte, la administración federal ha reiterado que no habrá impunidad en los casos donde se vulnere el patrimonio que sirve a la ciudadanía para el acceso a la cultura y la educación.